Estudios ambientales que la autoridad aprueba y el proyecto puede demostrar.

La licencia ambiental es la autorización que exige la ley para proyectos, obras o actividades que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales o al paisaje. Según el tipo y el tamaño del proyecto, la otorga la ANLA o la corporación autónoma regional. ECM elabora los estudios que soportan la solicitud: el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), cuando la autoridad lo exige para comparar opciones de localización o de trazado, y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que es la base de la decisión de licenciamiento.

El EIA se desarrolla según la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales y los términos de referencia del sector: descripción del proyecto, definición del área de influencia, caracterización de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, zonificación ambiental, demanda de recursos naturales, evaluación de impactos, zonificación de manejo, Plan de Manejo Ambiental, plan de seguimiento y monitoreo, plan de contingencia y plan de cierre. ECM aporta la base cartográfica y geográfica del estudio en el modelo de almacenamiento geográfico (geodatabase) que exige la autoridad.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el conjunto de programas, proyectos y medidas que previenen, mitigan, corrigen o compensan los impactos del proyecto. Hace parte del EIA y también se exige de forma independiente, por ejemplo en proyectos que iniciaron antes de la exigencia de licencia (régimen de transición) o cuando la autoridad lo establece como instrumento de manejo y control. ECM formula las fichas de manejo con sus metas, indicadores, cronograma y costos.

Una vez aprobado, el PMA se sigue con los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que se presentan a la autoridad en los formatos y la periodicidad establecidos. ECM documenta el avance de cada medida con evidencia georreferenciada: ortomosaicos comparativos, registros fotográficos, mediciones y bases de datos del seguimiento.

Además de la licencia, o cuando el proyecto no la requiere, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales necesitan permisos, concesiones y autorizaciones de la corporación autónoma regional. Cada corporación define sus formularios, requisitos y términos de referencia. ECM prepara la solicitud completa, con los estudios técnicos, la cartografía y los planos que la soportan.

La actividad minera tiene exigencias ambientales en cada etapa del título: guías minero-ambientales en la exploración, licencia ambiental con su EIA antes de la explotación, PMA y seguimiento durante la operación, y plan de cierre al final. ECM integra la topografía minera y la información ambiental en una misma base: el avance medido con drones o LiDAR se compara con el área autorizada por la licencia y con el PTO aprobado.

Así el titular puede demostrar ante la autoridad ambiental y la autoridad minera que interviene solo lo autorizado, cuantificar lo que debe restaurar y documentar la evolución del cierre.

Todo estudio ambiental parte de una línea base confiable. ECM caracteriza las coberturas de la tierra con ortomosaicos de dron y sensores multiespectrales, clasificadas con la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, a la escala que exige el estudio. Sobre esa base se diseñan los muestreos de flora y fauna, los inventarios forestales y la identificación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y especies en veda o amenazadas.

El agua es el recurso más vigilado por las corporaciones. ECM delimita cuencas y microcuencas, caracteriza cauces con drones y LiDAR, apoya el acotamiento de rondas hídricas según los criterios técnicos definidos en la normativa (Decreto 2245 de 2017) y documenta los puntos de captación, vertimiento y monitoreo. Las campañas de calidad del agua se georreferencian para seguir su evolución en el tiempo.

Los impactos que no se pueden evitar ni mitigar se compensan. El Manual de Compensaciones del Componente Biótico (Resolución 256 de 2018) define cómo calcular el área a compensar y dónde hacerlo. ECM calcula las áreas, identifica predios candidatos con criterios de equivalencia ecosistémica, diseña el plan de compensación y hace el seguimiento de la restauración con drones: supervivencia, crecimiento y evolución de las coberturas.

La biomasa de la vegetación almacena carbono. ECM la estima combinando parcelas de campo con sensores remotos: se miden diámetros y alturas en parcelas, se aplican ecuaciones alométricas desarrolladas para los bosques de Colombia y los resultados se extienden a toda el área con LiDAR, que mide la altura y la estructura del dosel, y con imágenes multiespectrales. La biomasa se convierte en carbono y en dióxido de carbono equivalente (CO₂e) con los factores de referencia del IPCC.

El resultado es un inventario de carbono por cobertura y por predio, con su incertidumbre, repetible en el tiempo para medir cuánto carbono gana o pierde el área.

Un bono o crédito de carbono representa una tonelada de CO₂ equivalente reducida o removida de la atmósfera. En Colombia, los proyectos de mitigación se registran en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), según la Resolución 1447 de 2018, y sus créditos pueden usarse en el mercado voluntario o para la no causación del impuesto al carbono (Decreto 926 de 2017). Los créditos los emiten programas de certificación reconocidos, después de que un organismo de validación y verificación (OVV) acreditado revisa el proyecto.

ECM desarrolla el componente técnico y geoespacial del proyecto: elegibilidad de las áreas, línea base de carbono, escenario de referencia, cálculo de remociones o de emisiones evitadas, y el sistema de medición, reporte y verificación (MRV) para cada periodo de monitoreo.